COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

En julio de 2020, después de haber agotado todas las instancias nacionales, TOJIL presentó una petición inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ésta argumentamos que, al habernos negado el reconocimiento de víctimas de corrupción, el Estado mexicano vulneró nuestros derechos convencionales a ser oídas, a la libertad de asociación, a la protección judicial, a participar en los asuntos públicos y a defender los derechos humanos.

En diciembre de 2020 el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos comunicó su decisión de no admitir a trámite nuestra petición, al considerar que la información presentada no generaba los elementos necesarios para determinar una posible violación de derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, en enero de 2021 presentamos una solicitud de reestudio ante la Comisión con el fin de que ésta analizara de nueva cuenta nuestra petición bajo nuevos argumentos.

Después de reestudiar nuestra petición, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la admitió a trámite en octubre de 2023. Además, la Comisión notificó al Estado mexicano y le solicitó un posicionamiento en un plazo máximo e improrrogable de 4 meses. La comisión realizó múltiples recordatorios al gobierno de México, pero éste nunca respondió.

En febrero de 2024 la CIDH invito a las personas peticionarias y a los Estados parte a participar en la identificación de asuntos en trámite que puedan aportar al desarrollo del orden público interamericano o consolidar el alcance de los derechos humanos. En consecuencia, en marzo del mismo año presentamos una solicitud de priorización argumentando que nuestro caso podría consolidar el alcance y contenido de diversos derechos convencionales en el ámbito de procuración y administración de justicia de casos de gran corrupción.

Aunque todavía es necesario esperar el informe final de admisibilidad, TOJIL celebra que el caso haya sido admitido a trámite. Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos deberán resolver si el hecho de que el Estado mexicano haya negado el reconocimiento y ejercicio de los derechos de víctima de TOJIL en un caso penal de gran corrupción implica una violación a sus derechos humanos y convencionales. Si la respuesta es positiva, este caso podría cambiar completamente la realidad de la lucha anticorrupción en México y Latinoamérica al permitir la participación de la sociedad en la lucha anticorrupción.

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